La jueza federal de Río Grande (Tierra del Fuego), Mariel Borruto, ordenó la suspensión inmediata de las actividades de exploración y desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion (León Marino), ubicado en la cuenca de las Islas Malvinas. La medida cautelar recae sobre las corporaciones Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, intimándolas a abstenerse de ejecutar actos materiales en la zona hasta tanto no se concrete un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente.
La resolución judicial responde a la demanda interpuesta por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Asimismo, el fallo exige a ambas empresas la entrega de informes técnicos detallados sobre las operaciones en un plazo de diez días continuos.
Acciones judiciales en la cuenca austral
El fallo dictado en Río Grande, de carácter civil y preventivo ambiental, se suma a un frente de investigación penal abierto en el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py (Buenos Aires). Dicho proceso, impulsado tras requerimiento del fiscal Carlos Stornelli a raíz de denuncias presentadas por la Cancillería argentina y la Procuración del Tesoro, investiga a la firma Desire Petroleum Limited y al grupo Rockhopper.
La vía penal busca determinar la existencia de actividades no autorizadas de exploración o extracción de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Por su parte, el proyecto Sea Lion representa una de las principales apuestas para el desarrollo de crudo en la zona en disputa de la cuenca Malvinas Norte, cuya ejecución queda supeditada a las resoluciones emitidas por los tribunales federales.
