El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, respaldó el rumbo de la política energética del Gobierno de Javier Milei y llamó a las empresas a invertir en la expansión de Vaca Muerta, la infraestructura de transporte, la generación eléctrica y los minerales críticos.

Durante el AmCham Energy Forum, celebrado en Buenos Aires, el diplomático afirmó que Estados Unidos es el “socio natural” de Argentina para desarrollar sus recursos y transformar el crecimiento de la producción en una plataforma exportadora de alcance internacional.

“La energía que va a mover el mundo viene de aquí mismo”, aseguró Lamelas. “La pregunta ya no es si Argentina va a convertirse en una potencia energética, es quién va a ser parte de esta transformación”.

La declaración refleja el creciente interés internacional por el sector argentino, pero también plantea una cuestión decisiva para la política energética del país: cómo convertir la abundancia de recursos en inversiones sostenidas, infraestructura operativa y exportaciones de largo plazo.

El paso de administrar la escasez a gestionar la abundancia

La política energética argentina atraviesa un cambio de orientación.

Durante años, buena parte de las decisiones públicas estuvo concentrada en contener los precios internos, administrar subsidios y garantizar el abastecimiento en un contexto de infraestructura limitada. El Gobierno de Milei busca reemplazar ese modelo por otro basado en precios más vinculados con los costos, menor intervención estatal y mayor participación del capital privado.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, describió esta transición durante el foro como el paso de una política de “administración de la escasez” a una de “gestión de la abundancia”.

El cambio se apoya principalmente en el crecimiento de Vaca Muerta. La producción argentina de petróleo se encuentra alrededor de los 850.000 barriles diarios, según las cifras mencionadas en el encuentro, mientras el Gobierno proyecta un superávit comercial energético próximo a los 11.000 millones de dólares en 2026.

Para 2027, las estimaciones oficiales citadas durante el evento sitúan ese saldo positivo en aproximadamente 16.000 millones de dólares.

Estas previsiones no están garantizadas. Dependen de la evolución de los precios internacionales, el crecimiento de la producción y, especialmente, la entrada en funcionamiento de nueva infraestructura.

El RIGI como herramienta central

Uno de los pilares del nuevo modelo es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI.

El programa ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a proyectos de gran escala que cumplan determinados requisitos. Su objetivo es reducir la incertidumbre que históricamente ha limitado el financiamiento de iniciativas energéticas con periodos de recuperación de varias décadas.

Lamelas destacó que el régimen había recibido cerca de 40 proyectos por un valor agregado de alrededor de 100.000 millones de dólares. La cifra representa iniciativas presentadas y no debe interpretarse automáticamente como capital comprometido o desembolsado.

La efectividad del RIGI deberá medirse por la cantidad de proyectos que obtengan aprobación, alcancen el cierre financiero, comiencen su construcción y finalmente entren en operación.

Entre las iniciativas vinculadas con el régimen se encuentra Vaca Muerta Oil Sur, el sistema impulsado para transportar petróleo desde la cuenca neuquina hasta la costa de Río Negro. El Gobierno también espera incorporar proyectos de gas natural licuado capaces de conectar la producción argentina con los mercados internacionales.

El régimen ofrece una señal favorable, pero su credibilidad dependerá de la estabilidad de sus condiciones y del cumplimiento de las garantías concedidas a los inversionistas.

La infraestructura como límite del crecimiento

Argentina dispone de recursos, capacidad técnica y una producción en expansión. Su principal limitación se encuentra ahora en la infraestructura.

El crecimiento de Vaca Muerta exige nuevos oleoductos, gasoductos, terminales portuarias, plantas de procesamiento y capacidad de almacenamiento. Sin esas obras, una parte del incremento productivo no podrá llegar a los mercados de exportación.

La situación se repite en el sector eléctrico. Durante el AmCham Energy Forum, las autoridades reconocieron que la red de transmisión opera bajo presión después de años de inversión insuficiente.

El Gobierno anunció avances en AMBA I, una obra destinada a ampliar la transmisión hacia el área metropolitana y fortalecer el sistema interconectado. También impulsa proyectos de almacenamiento mediante baterías para mejorar la confiabilidad de la red.

La diferencia frente al modelo anterior estará en la forma de financiar estas ampliaciones. González indicó que el Estado nacional no asumirá directamente el costo y que las inversiones deberán recuperarse mediante cargos pagados por la demanda.

Esta decisión reduce la presión sobre las cuentas públicas, pero plantea un desafío político: mejorar la infraestructura y atraer inversión sin producir aumentos tarifarios difíciles de absorber para hogares y empresas.

Subsidios y precios: la reforma más sensible

La reducción de subsidios constituye otro componente central de la política energética.

El Gobierno sostiene que los precios deben reflejar gradualmente los costos reales de generación, transporte y distribución. Al mismo tiempo, busca concentrar la asistencia pública en los usuarios que realmente la necesitan.

Más de la mitad de los usuarios residenciales todavía recibe algún tipo de subsidio energético, de acuerdo con los datos presentados durante el foro. En electricidad, la asistencia cubre una parte significativa del costo de la energía; en gas, su peso aumenta durante los meses de invierno.

La reforma puede mejorar las señales de inversión y reducir el gasto público, pero necesita combinarse con mecanismos de protección suficientemente precisos. Una corrección tarifaria sin segmentación adecuada podría trasladar una carga excesiva a consumidores vulnerables o afectar la competitividad industrial.

El Gobierno argumenta que la solución estructural no consiste únicamente en reducir subsidios, sino en disminuir el costo de la energía mediante más producción, competencia e infraestructura.

Ese objetivo requerirá tiempo. En el corto plazo, las nuevas obras pueden elevar las tarifas antes de generar los beneficios derivados de una mayor eficiencia y disponibilidad.

Estados Unidos como fuente de capital y tecnología

Lamelas ofreció el respaldo de la Embajada a las compañías interesadas en ingresar al mercado argentino.

“Si tienen experiencia, úsenla; si no, compártanla. Si tienen capital, es ahora el momento de invertir”, declaró ante empresarios y funcionarios.

El embajador mencionó oportunidades en petróleo y gas, transmisión eléctrica, generación hidroeléctrica, minerales críticos, ciberseguridad y pequeños reactores nucleares modulares.

También señaló la posibilidad de recurrir a instituciones estadounidenses como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional y el Export-Import Bank para apoyar proyectos estratégicos.

Estas herramientas pueden reducir riesgos y facilitar el acceso al crédito, pero no sustituyen la evaluación comercial de cada iniciativa. La banca de desarrollo y las agencias de crédito a la exportación exigen proyectos viables, contratos sólidos y capacidad de repago.

El respaldo político de Washington, por tanto, representa una oportunidad para Argentina, pero deberá convertirse en acuerdos financieros específicos para producir resultados.

La previsibilidad será la prueba decisiva

El potencial geológico por sí solo no garantiza el desarrollo energético.

Argentina ha experimentado cambios frecuentes en controles de capital, impuestos, tarifas, regulaciones y condiciones de exportación. Esos antecedentes siguen influyendo sobre el costo del financiamiento y la disposición de las compañías a comprometer capital durante varias décadas.

La Administración de Milei intenta revertir esa percepción mediante desregulación, disciplina fiscal, apertura a la inversión privada y garantías especiales para grandes proyectos.

La prueba será mantener reglas previsibles durante todo el ciclo de inversión, incluso ante cambios económicos o políticos. Oleoductos, plantas de GNL, centrales eléctricas y proyectos mineros no pueden financiarse únicamente sobre la expectativa de que las condiciones actuales permanezcan sin respaldo institucional.

También será necesaria una coordinación estable entre el Gobierno nacional y las provincias. Estas últimas son propietarias de los recursos naturales y desempeñan un papel directo en permisos, regalías, infraestructura y relaciones con las comunidades.

Del respaldo político a los proyectos ejecutados

La intervención de Lamelas confirma que el sector energético argentino ha adquirido una posición prioritaria dentro de la relación con Estados Unidos.

Sin embargo, el éxito de la transformación no se medirá por las declaraciones diplomáticas ni por el valor acumulado de los proyectos anunciados.

Los indicadores relevantes serán la construcción de nueva infraestructura, el crecimiento sostenible de la producción, la llegada efectiva de capital, la reducción del peso fiscal de los subsidios y el aumento de la capacidad exportadora.

Argentina parece haber superado la discusión sobre si posee suficientes recursos. La cuestión ahora es si su política energética puede ofrecer las condiciones necesarias para desarrollarlos.

Estados Unidos ha manifestado su intención de participar. Corresponde a Argentina convertir ese interés en una política estable capaz de sobrevivir a los ciclos económicos y electorales.