La Comisión Costera de California rechazó por unanimidad el proyecto de la petrolera DCOR para reactivar operaciones de fracturación hidráulica en Platform Gilda, una instalación ubicada en aguas federales frente a la costa del condado de Ventura.

La compañía pretendía estimular 16 pozos existentes durante un periodo de cinco años para elevar la producción de la plataforma desde aproximadamente 1.100 hasta 4.000 barriles de petróleo diarios.

El aumento proyectado, cercano a 2.900 barriles por día, habría prolongado la vida productiva de un activo que opera desde comienzos de la década de 1980.

La comisión concluyó que DCOR no había demostrado que el programa pudiera ejecutarse de manera consistente con las políticas costeras de California. Entre sus principales objeciones señaló el riesgo de derrames, la antigüedad de la infraestructura, la capacidad de respuesta ante accidentes y los posibles impactos sobre aguas, fauna, pesca y actividades recreativas.

La decisión representa el primer examen formal de una propuesta de fracking marino realizado por la Comisión Costera. La práctica había sido autorizada anteriormente por organismos federales sin que el estado participara de manera directa en la revisión.

Dieciséis pozos para recuperar producción

Platform Gilda forma parte de la unidad productora Santa Clara y se encuentra aproximadamente nueve millas —14 kilómetros— frente a la costa de Ventura.

DCOR propuso aplicar tratamientos de estimulación en cuatro pozos de la formación Upper Repetto y doce de Lower Repetto. Los objetivos geológicos se encuentran entre 5.000 y 10.000 pies por debajo del lecho marino.

La técnica planteada se conoce como frac packing. El proceso combina fracturación hidráulica con la introducción de arena o partículas cerámicas que mantienen abiertas las fisuras y facilitan el flujo de hidrocarburos hacia el pozo.

La empresa señaló que los trabajos se realizarían durante aproximadamente 14 días por año y afectarían un máximo de seis pozos anuales. El proyecto no incluía construir otra plataforma ni instalar un nuevo sistema de exportación.

El petróleo recuperado sería procesado en Platform Gilda y transportado mediante el oleoducto submarino existente hasta una instalación terrestre en Oxnard.

Según la evaluación ambiental federal, el programa podría permitir la extracción adicional de alrededor de 14 millones de barriles de petróleo y 13 millones de pies cúbicos de gas natural durante los siguientes 20 años.

Extender la vida de un activo maduro

La propuesta muestra uno de los principales dilemas de la producción petrolera en cuencas maduras: determinar cuánto capital y riesgo resulta razonable asumir para recuperar volúmenes adicionales de instalaciones antiguas.

Platform Gilda lleva en funcionamiento alrededor de 45 años. Cuando fue autorizada, se estimaba una vida operativa aproximada de 18 años.

La plataforma y su infraestructura asociada han funcionado, por tanto, durante más del doble del periodo previsto originalmente. Sus pozos también han superado las expectativas iniciales de producción de la unidad Santa Clara.

Desde su entrada en servicio, Platform Gilda ha producido cerca de 42,65 millones de barriles de petróleo y 51.740 millones de pies cúbicos de gas, según los datos incluidos en el expediente de la Comisión Costera.

La producción actual se ha reducido hasta aproximadamente 1.100 barriles diarios. DCOR sostiene que los tratamientos de estimulación permitirían contrarrestar ese declive, mejorar la recuperación del yacimiento y mantener económicamente viable la operación.

Platform Grace, la otra instalación utilizada históricamente para acceder a la misma unidad, dejó de producir ante el agotamiento progresivo de los pozos y se encuentra en proceso de desmantelamiento.

Sin el programa de fracking, Platform Gilda podría seguir una trayectoria similar si su producción continúa disminuyendo.

El riesgo está también en el oleoducto

La Comisión Costera no evaluó solamente los tratamientos realizados dentro de los pozos. También consideró las consecuencias de transportar una mayor cantidad de petróleo mediante una infraestructura submarina envejecida.

El oleoducto que conecta Platform Gilda con Oxnard tiene una extensión aproximada de nueve millas y una antigüedad cercana a 45 años.

Aunque DCOR mantiene programas de inspección y mantenimiento, el personal técnico de la comisión señaló que la edad de una tubería aumenta la probabilidad de daños no detectados, corrosión y fallas.

El análisis examinó escenarios de descarga máxima de entre 586 y 2.928 barriles, según las diferentes metodologías regulatorias utilizadas. Una rotura podría producirse en cualquier punto del trayecto, incluidas zonas más cercanas a la costa donde habría menos tiempo para contener el crudo antes de que alcanzara playas y ecosistemas sensibles.

El expediente también recordó que DCOR estuvo involucrada en la rotura de otro oleoducto submarino frente a Huntington Beach en 2021. La comisión utilizó ese antecedente para cuestionar si los procedimientos actuales de inspección y respuesta ofrecen garantías suficientes para una infraestructura de edad comparable.

La empresa defendió su historial, sus programas de integridad estructural y las medidas diseñadas para reducir los riesgos operativos.

El argumento de la producción nacional

DCOR sostiene que el proyecto permitiría producir más petróleo dentro de Estados Unidos mediante pozos e instalaciones ya existentes.

En una comunicación enviada a la comisión, la empresa describió la recuperación adicional como una contribución a un suministro energético nacional producido bajo regulación estadounidense.

La compañía también planteó que el proyecto podría favorecer el interés y la seguridad nacionales, un argumento relevante ante una posible apelación federal.

Desde una perspectiva de volumen, sin embargo, el incremento sería limitado. Los aproximadamente 2.900 barriles diarios adicionales representarían una fracción mínima frente a la producción estadounidense, que se mide en más de 13 millones de barriles por día.

Su importancia sería mayor a escala regional. California consume mucho más petróleo del que produce y depende de cargamentos procedentes de otros estados y del extranjero. Cada barril producido localmente puede reducir marginalmente esa necesidad de abastecimiento externo.

El debate consiste en determinar si ese beneficio compensa el riesgo de prolongar durante décadas el funcionamiento de infraestructura marina construida a comienzos de los años ochenta.

Una disputa entre autoridades estatales y federales

Platform Gilda se encuentra en aguas federales, pero sus operaciones pueden afectar recursos costeros administrados por California.

La Ley de Gestión de Zonas Costeras permite que los estados revisen proyectos federales que puedan producir efectos sobre sus costas. Mediante ese procedimiento, la Comisión Costera determinó que el plan era incompatible con políticas estatales sobre derrames, protección marina, calidad del agua, pesca y acceso público.

La participación estatal en el análisis del fracking marino quedó reforzada después de varios años de litigios.

Organizaciones ambientales descubrieron en 2014 que las autoridades federales habían autorizado al menos 51 permisos para fracturación hidráulica y otros tratamientos de pozos sin notificar a California. Posteriormente, un tribunal federal concluyó que los reguladores no habían cumplido completamente con las normas ambientales aplicables.

El fallo obligó a revisar los impactos bajo la Ley Nacional de Política Ambiental y la Ley de Especies en Peligro, y confirmó la necesidad de incorporar a la Comisión Costera al proceso.

La actual decisión se produce mientras la Administración Trump examina el programa de gestión costera de California y cuestiona lo que considera obstáculos estatales al desarrollo energético y de infraestructura.

DCOR todavía puede apelar

La objeción de la Comisión Costera no necesariamente representa el final del proyecto.

DCOR dispone de 30 días desde la recepción de la decisión para solicitar al secretario de Comercio de Estados Unidos que la revoque.

Para aprobar la apelación, el secretario tendría que concluir que el proyecto es consistente con los objetivos de la legislación federal costera o que resulta necesario para la seguridad nacional.

La primera vía exige demostrar que el interés nacional promovido por la actividad supera sus efectos adversos y que no existe una alternativa razonable que permita ejecutar el proyecto de forma compatible con las políticas estatales.

La segunda requiere demostrar que algún interés de defensa o seguridad nacional se vería perjudicado significativamente si la actividad no se autoriza.

DCOR también podría iniciar un litigio para cuestionar la decisión o el procedimiento seguido por la comisión.

El futuro de las plataformas maduras de California

La disputa por Platform Gilda anticipa un problema más amplio para la industria petrolera offshore de California.

Numerosas instalaciones se aproximan al final de su vida económica y requieren inversiones para mantener la producción. Al mismo tiempo, su antigüedad eleva los costos de inspección, mantenimiento y prevención de derrames.

Las compañías deben elegir entre invertir en recuperación mejorada, vender los activos o comenzar procesos de desmantelamiento que también pueden resultar costosos.

Para los reguladores, la pregunta es si prolongar las operaciones aprovecha infraestructura ya construida o simplemente extiende la exposición a fallas en sistemas que superaron ampliamente su vida prevista.

En Platform Gilda, la Comisión Costera decidió que los riesgos no estaban suficientemente controlados para justificar el incremento de producción.

La última palabra podría trasladarse ahora al Gobierno federal. Si DCOR apela, el caso se convertirá en una prueba directa de hasta dónde puede llegar Washington para priorizar la producción doméstica frente a la autoridad ambiental de un estado costero.