La Superintendencia de Electricidad (SIE) de República Dominicana aprobó las bases de una nueva licitación pública para contratar hasta 900 MW de capacidad de generación solar fotovoltaica y eólica con sistemas de almacenamiento de energía con baterías (SAEB) obligatorios. El proceso, formalizado mediante la Resolución SIE-155-2026-LCE e identificado como EDES-LP-NGR-01-2026, está diseñado para abastecer a las empresas distribuidoras EDENORTE, EDESUR y EDEESTE mediante contratos de suministro a 15 años (180 meses) y un plazo máximo de ejecución de 24 meses desde la firma del acuerdo.
La convocatoria se estructuró en un bloque único que admite proyectos individuales con potencias comprendidas entre 2 MW y 300 MW. Como requisito de admisibilidad, las centrales participantes deberán contar con una concesión definitiva vigente otorgada antes de la fase de precalificación, mientras que las instalaciones de almacenamiento deberán garantizar cuatro horas de descarga continua durante toda la vigencia contractual.
Exigencias técnicas de red y estrategia dual de almacenamiento
El diseño regulatorio del certamen incorpora estándares técnicos avanzados para garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) frente a la variabilidad de las fuentes renovables:
- Servicios auxiliares avanzados: Los sistemas de baterías (BESS) deberán cumplir con un control de rampa que limita la variación de potencia activa al 25% de la capacidad nominal por hora, además de incorporar capacidades de regulación de frecuencia y tensión, respuesta rápida, inercia sintética, formación de red (Grid Forming) y arranque en negro (Black Start).
- Complementariedad con parques operativos: Esta subasta se suma al proceso lanzado a principios de noviembre mediante la Resolución SIE-141-2026-LCE para contratar 200 MW de potencia y 800 MWh de baterías destinadas exclusivamente a centrales solares y eólicas ya existentes.
- Hoja de ruta sectorial: La licitación de 200 MW para parques en operación prevé su adjudicación para el 25 de febrero de 2027 con un plazo de implementación de 12 meses, consolidando una política energética nacional con dos vías paralelas para modernizar y ampliar la capacidad limpia del país.