La complementariedad de los recursos naturales en América Latina encierra una oportunidad multimillonaria para abaratar el costo de la electricidad y blindar el suministro frente a la variabilidad climática.

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Nature Communications y liderada por académicos de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), una plena integración de los sistemas eléctricos de 21 países de la región permitiría generar ahorros de hasta $32.000 millones anuales hacia 2045 y recortar hasta 225 millones de toneladas de emisiones de CO₂ al año.

El estudio, encabezado por el investigador Luis Miguel Ramírez (FCFM-Universidad de Chile), modela la evolución energética regional entre 2025 y 2050 y demuestra que conectar polos de generación complementarios —como la radiación solar del norte de Chile, los vientos de la Patagonia y los embalses hidroeléctricos como Itaipú— resulta crítico para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Dado que cerca del 45% de la electricidad latinoamericana proviene de fuentes hidroeléctricas (dentro de una matriz 62% renovable), la interconexión se vuelve estratégica para compensar déficits durante períodos severos de sequía simultánea en la región andina y el Cono Sur, donde los costos sistémicos bajarían de US$ 162.000 millones a cerca de US$ 130.000 millones anuales.

Ahorros a mediano plazo, el «costo geopolítico» de la autosuficiencia y el impacto en tarifas

Más allá del potencial técnico, la investigación cuantifica las barreras políticas y establece una hoja de ruta gradual para destrabar el mercado eléctrico regional:

  • Beneficios tempranos hacia 2035: Antes de alcanzar la integración total, las simulaciones proyectan ahorros regionales significativos de entre $9.700 y $12.400 millones anuales para 2035. Para capturar este valor, los autores proponen avanzar mediante una cooperación gradual por bloques (profundizando los lazos en el Cono Sur y la región andina, y aprovechando la experiencia del sistema centroamericano SIEPAC), priorizando primero los acuerdos regulatorios y de despacho antes que las grandes obras de transmisión.
  • El «costo geopolítico» y la asimetría de riesgos: El estudio pone cifras a las barreras derivadas de la desconfianza histórica y los antecedentes de cortes de suministro (como la crisis del gas entre Argentina y Chile en la década de 2000). Privilegiar la autosuficiencia nacional genera un sobrecosto geopolítico de entre $4.550 millones y $7.910 millones al año hacia 2045. Asimismo, el modelo advierte sobre dos riesgos opuestos: las pérdidas por confiar excesivamente en importaciones sin respaldo propio (donde países como Bolivia y Uruguay muestran mayor exposición) y las pérdidas por aislarse (donde Brasil registra el mayor costo de oportunidad absoluto). Por ello, se plantea crear un pacto energético latinoamericano respaldado por un fondo regional de garantías con participación del BID y la CAF.
  • Traslado del ahorro a la factura del consumidor: Para mercados como Chile, una mayor interconexión con Argentina, Perú y Bolivia permitiría exportar excedentes renovables evitando vertimientos y acceder a energía más económica en horas críticas. No obstante, Ramírez aclara que la reducción efectiva en las cuentas de electricidad de los hogares dependerá de cómo se diseñen los contratos de largo plazo, la regulación tarifaria y los mecanismos de financiamiento de las nuevas líneas internacionales.

La integración eléctrica de América Latina ha dejado de ser una mera aspiración diplomática para convertirse en una necesidad estratégica frente a la vulnerabilidad hidrológica del cambio climático.

Aunque el potencial de ahorro alcanza los $32.000 millones anuales hacia 2045, su materialización exige superar el costo de la desconfianza política mediante reglas claras de intercambio, garantías financieras multilaterales y marcos tarifarios que trasladen la eficiencia sistémica directamente al consumidor final.

Fuentes