El Consejo de Ministros de Perú aprobó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027–2030, en el cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) mantendrá un crecimiento del 3,4% tanto en 2026 como en 2027, antes de acelerar a un promedio del 4,0% entre 2028 y 2030.
El principal motor de esta expansión será la inversión privada, que registrará un repunte del 10,5% en 2026 sustentado de forma determinante en la reactivación y desarrollo del sector minero-energético.
De acuerdo con el documento oficial, la ejecución de proyectos mineros alcanzará desembolsos por US$ 7.000 millones durante 2026, posicionando a la extracción de cobre y metales críticos como el pilar fundamental para la atracción de divisas y el fortalecimiento de la demanda interna.
Para 2027, la inversión privada mantendrá una expansión del 6,5%, dinamizada por la entrada en fases avanzadas y el inicio de construcciones en importantes yacimientos cupríferos y polimetálicos.
Esta proyección coloca a las industrias extractivas y de recursos naturales en el centro de la estrategia macroeconómica del país para consolidar la recuperación post-recesión. No obstante, el propio MEF advierte que el dinamismo del sector privado deberá desenvolverse en un entorno de alta rigidez fiscal, derivado de las iniciativas legislativas aprobadas en años recientes que amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Asimismo, la estrategia gubernamental busca acompañar el influjo de capital extractivo con la creación de comisiones orientadas a acelerar la tramitología de permisos, la eficiencia en la inversión pública complementaria y el fortalecimiento del cumplimiento tributario sin incrementar las alícuotas vigentes.
Motor de proyectos en la nación
El informe multianual del MEF precisa la hoja de ruta de los megaproyectos mineros e hidrocarburíferos que sostendrán la formación bruta de capital fijo en el mediano plazo:
- Fase de consolidación (2026–2027): El flujo de inversión estará impulsado por el avance físico de proyectos cupríferos emblemáticos como Tía María, Reposición Ferrobamba (Las Bambas), Pampa de Pongo, Corani y la Optimización Cerro Verde. En simultáneo, se anticipa la construcción inicial de los proyectos Trapiche e Integración Coroccohuayco.
- Encadenamiento energético y gasífero: El desarrollo de la infraestructura extractiva primaria requerirá el fortalecimiento de los contratos de suministro de gas natural y líquidos asociados provenientes del yacimiento de Camisea, asegurando el respaldo térmico y la provisión de insumos energéticos para los asentamientos mineros del sur del país.
- Impacto exportador: La puesta en producción de estos activos apuntala una trayectoria creciente en los volúmenes de exportación para el quinquenio 2026–2030, aprovechando los precios internacionales favorables para el cobre y los minerales de la transición energética en los mercados globales.
Esta cartera de proyectos extractivos actuará como catalizador para el desarrollo de obras de infraestructura pública y Asociaciones Público-Privadas (APP) en transporte de carga, líneas de transmisión eléctrica de alta tensión y desalinización de agua de mar para uso industrial en las cuencas del Pacífico.
Adicionalmente, el MEF confía en que la maduración de estos yacimientos genere encadenamientos productivos con el sector de proveedores de servicios mineros, metalmecánica y logística portuaria regional.
Riesgos fiscales
A pesar del optimismo sustentado en la cartera minera, el análisis del MEF identifica vulnerabilidades fiscales que podrían comprometer la estabilidad económica:
- Erosión del espacio fiscal por el Legislativo: La acumulación de leyes aprobadas entre 2021 y 2025 con alto impacto presupuestal y exoneraciones tributarias presiona el déficit fiscal, el cual debería reducirse del 2,2% del PBI en 2025 al 1,8% en 2026, y al 1,4% en 2027.
- Riesgo en las reglas de convergencia fiscal: Si las presiones de gasto permanente no se contienen, la deuda pública mantendría una trayectoria creciente, elevando el costo del financiamiento para las propias empresas mineras e infraestructurales que acuden a los mercados de capitales.
- Permisología y conflictos socioambientales: La materialización de los US$ 7.000 millones proyectados para 2026 dependerá de la capacidad del Estado para otorgar licencias ambientales a tiempo y prevenir paralizaciones en los corredores mineros clave.
Esta rigidez presupuestaria obliga al Ejecutivo a concentrar la fiscalización tributaria en la lucha contra la evasión y elusión, evitando cargar con mayor presión impositiva formal a las inversiones mineras en desarrollo.
El Marco Macroeconómico Multianual 2027–2030 ratifica que la minería y sus sectores energéticos conexos continúan siendo el principal soporte de la resiliencia económica de Perú, aportando el volumen bruto para sostener el crecimiento en 3,4%.
Sin embargo, el éxito de las proyecciones del MEF no dependerá únicamente de los precios de los metales, sino de la capacidad del Gobierno para resolver las rigideces fiscales impuestas por el Congreso y destrabar la ejecución efectiva de proyectos clave como Tía María y Coroccohuayco en los próximos 12 a 18 meses.
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