Dos grupos de inversionistas compiten por hacerse con el control de Sherritt International, la compañía canadiense que participa en una de las operaciones de níquel y cobalto más importantes de Cuba.

Las propuestas podrían colocar por primera vez en más de seis décadas a capital estadounidense en una posición de control indirecto sobre una empresa vinculada con la minería cubana. Sin embargo, cualquier acuerdo tendrá que superar importantes obstáculos regulatorios, financieros y jurídicos antes de materializarse.

La operación no supone la adquisición directa de las minas de Moa. Sherritt posee el 50% de Moa Joint Venture, una sociedad compartida en partes iguales con la estatal cubana General Nickel Company. La empresa conjunta extrae y procesa mineral en Moa, en la provincia oriental de Holguín, y posteriormente envía un concentrado de níquel y cobalto a una refinería ubicada en Fort Saskatchewan, Canadá.

Por tanto, adquirir el 55% de Sherritt permitiría controlar la compañía canadiense, pero no eliminaría la participación del Estado cubano ni otorgaría al comprador la propiedad exclusiva de los activos mineros.

Dos ofertas por una empresa bajo presión

La primera propuesta procede de Gillon Capital, firma vinculada al empresario estadounidense Ray Washburne, exfuncionario de la primera Administración de Donald Trump.

En mayo, Sherritt anunció un acuerdo preliminar y no vinculante que concedería a Gillon una opción para adquirir suficientes acciones como para alcanzar hasta el 55% del capital de la compañía. El precio definitivo todavía debe negociarse y, según la propia empresa, probablemente representaría un descuento frente a la cotización registrada antes del anuncio.

Una segunda propuesta fue presentada por un consorcio integrado por la gestora británica Kyma Capital, el inversionista Trifon Natsis, la multinacional de materias primas Glencore y un inversionista estadounidense cuya identidad no ha sido revelada. De acuerdo con reportes publicados esta semana, el grupo también pretende obtener una participación de control del 55% mediante una recapitalización de Sherritt.

La competencia refleja un interés que va más allá del valor inmediato de las minas cubanas. Sherritt opera en Alberta la única refinería significativa de cobalto de Norteamérica y una de las tres instalaciones relevantes para el refinado de níquel en la región.

Esa capacidad adquiere especial importancia en momentos en que Estados Unidos y sus aliados intentan reducir su dependencia de China en las cadenas de suministro de minerales críticos.

Las sanciones alteraron el equilibrio

La situación financiera de Sherritt se deterioró después de que el presidente Donald Trump firmara, el 1 de mayo, una orden ejecutiva que amplió la capacidad de Washington para sancionar a personas y empresas relacionadas con los sectores energético, financiero, minero y metalúrgico de Cuba.

Aunque Sherritt no fue designada directamente, la empresa suspendió su participación en las actividades de sus sociedades cubanas y comenzó a retirar personal de la isla. La incertidumbre también afectó a proveedores, entidades financieras y otros socios necesarios para mantener sus operaciones.

La interrupción del suministro procedente de Moa terminó repercutiendo en la refinería de Fort Saskatchewan. Sin materia prima suficiente, la instalación detuvo su producción, elevando la presión sobre la liquidez de la compañía y creando la necesidad de encontrar capital nuevo.

Las sanciones, por tanto, desempeñan un doble papel. Por un lado, buscan limitar los ingresos y las actividades económicas del Gobierno cubano. Por otro, han debilitado a una compañía que controla infraestructura considerada estratégica para la cadena norteamericana de minerales críticos.

Esta contradicción explica parte del interés de inversionistas estadounidenses y europeos en encontrar una estructura que permita rescatar los activos canadienses sin infringir las restricciones impuestas a Cuba.

Una transacción sin aprobación definitiva

El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro comunicaron que no se oponían a que Gillon Capital mantuviera negociaciones con Sherritt, según informó la propia compañía en mayo.

Esa posición no equivale a una autorización definitiva. Cualquier transacción deberá recibir el visto bueno de ambas agencias estadounidenses, además de cumplir con los acuerdos de deuda de Sherritt y obtener las correspondientes aprobaciones regulatorias en Canadá, incluida la de la Bolsa de Toronto.

Los inversionistas también tendrán que determinar cómo quedaría estructurada la relación con General Nickel Company y qué actividades podrían realizarse bajo el régimen de sanciones.

La presencia del Estado cubano como copropietario introduce una dificultad central: una recapitalización puede salvar a Sherritt y preservar su capacidad industrial en Canadá, pero cualquier beneficio económico procedente de Moa seguiría conectado con una entidad estatal cubana.

El peso de las propiedades confiscadas

A los riesgos regulatorios se suma un problema histórico que se remonta a las nacionalizaciones realizadas después de la llegada de Fidel Castro al poder.

Las instalaciones y concesiones mineras de Moa estuvieron vinculadas con compañías estadounidenses cuyos activos fueron intervenidos por el Gobierno cubano en 1960. Entre las reclamaciones documentadas figura la relacionada con Moa Bay Mining Company, entonces controlada por Freeport Sulphur, uno de los antecedentes corporativos de la actual Freeport-McMoRan.

La Ley Helms-Burton permite que determinados titulares de propiedades confiscadas presenten demandas contra compañías que se beneficien de esos activos. En consecuencia, un inversionista estadounidense que tome el control de Sherritt podría quedar expuesto a litigios o verse obligado a negociar acuerdos con antiguos propietarios y reclamantes.

Existen, además, posibles reclamaciones relacionadas con Energas, la empresa cubana de generación eléctrica en la que Sherritt conserva una participación de un tercio. Aunque ese activo no forma parte directamente de la operación minera de Moa, puede influir en la evaluación jurídica y financiera de una compra del grupo canadiense.

Minerales estratégicos atrapados entre dos políticas

El interés por Sherritt muestra cómo los minerales críticos se han convertido en instrumentos de política exterior.

El níquel es utilizado en acero inoxidable, aleaciones especiales y algunas químicas de baterías. El cobalto es relevante para baterías, aplicaciones aeroespaciales y diversos sistemas industriales y de defensa. Asegurar capacidad de extracción y refinado fuera de China es una prioridad creciente para Washington, Ottawa y otras economías occidentales.

Pero en el caso de Moa, ese objetivo entra en conflicto con la política estadounidense hacia Cuba.

Permitir una inversión podría contribuir a preservar la única gran refinería de cobalto de Norteamérica y aumentar la influencia estadounidense sobre una cadena de suministro estratégica. Al mismo tiempo, mantener la operación cubana implicaría continuar una asociación económica con el Estado de la isla y enfrentarse al legado jurídico de las expropiaciones.

Por ahora, ninguna de las ofertas garantiza que el control de Sherritt vaya a cambiar de manos. Lo que sí demuestra la disputa es que las sanciones, la seguridad de suministro y las reclamaciones históricas ya forman parte de una misma negociación.

El futuro de la compañía no dependerá solamente del precio que ofrezcan los inversionistas. También estará determinado por la forma en que Washington decida equilibrar dos prioridades potencialmente contradictorias: aumentar la presión económica sobre La Habana y asegurar para Norteamérica el acceso a infraestructura esencial para procesar minerales críticos.