El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, oficializó este 28 de agosto de 2026 el inicio de operaciones de perforación direccional en el pozo Junín-9D, ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sara, departamento de Santa Cruz.
El proyecto, ejecutado por YPFB Chaco S.A. con una inversión de US$ 6,4 millones, marca el arranque del plan de reactivación exploratoria del Ejecutivo para revertir la caída en la producción de hidrocarburos tras dos décadas de desinversión sectorial bajo los mandatos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
La iniciativa proyecta generar una facturación total de US$ 47 millones a lo largo de su ciclo de explotación, captando ingresos fiscales para el Estado boliviano estimados en US$ 25,9 millones por concepto de regalías e impuestos hidrocarburíferos.
El proyecto cuenta con la licencia ambiental correspondiente y la Licencia Ambiental para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP), utilizando la plataforma existente JNN-X2 en el Campo Junín Norte para minimizar los tiempos de desarrollo de infraestructura.
Esta reactivación busca reducir la vulnerabilidad del país frente a los mercados internacionales de combustibles, donde la volatilidad del crudo Brent encarece las compras externas de diésel y gasolina.
Para el gobierno boliviano, elevar la producción local de gas natural y condensados resulta indispensable para contener la sangría de divisas y restituir gradualmente la autonomía del sistema energético nacional.
Asimismo, la administración de Paz Pereira enfatizó la necesidad de promulgar un nuevo marco legal para el sector hidrocarburífero que incentive la llegada de inversión privada directa, nacional y extranjera, para sostener las campañas de perforación profunda en el mediano plazo.
Mecanismo y captación fiscal
La perforación del pozo Junín-9D tiene como objetivo primario la recuperación de reservas comprobadas de gas natural en los reservorios Sara y Piraí, pertenecientes a las formaciones El Carmen y Roboré.
De manera complementaria, el programa de trabajo evaluará el potencial exploratorio de las formaciones Ichoa, Tariquía y Yecua como nuevos horizontes de producción en la cuenca.
En términos operativos, se estima que el pozo alcanzará una producción inicial de 8 millones de pies cúbicos por día (MMpcd), lo que representa un incremento del 10% en la oferta diaria de YPFB Chaco S.A. El volumen total recuperable durante la vida útil del activo se calcula en torno a los 10 billones de pies cúbicos (Bcf) de gas natural.
En el ámbito macroeconómico, la inyección de este volumen busca aliviar la dependencia de las importaciones, las cuales abastecen actualmente cerca del 90% del diésel y el 60% de la gasolina consumidos internamente.
La política estatal de mantener congelados los precios de los carburantes mediante subsidios genera un fuerte impacto en el déficit fiscal cuando las cotizaciones internacionales del petróleo Brent oscilan en rangos elevados, complicando el pago a proveedores externos por la escasez de dólares en el Banco Central.
Por su parte, los US$ 25,9 millones proyectados para las arcas estatales se canalizarán prioritariamente hacia el financiamiento de programas de infraestructura y la atención de la emergencia logística de abastecimiento en las estaciones de servicio del país.
Contrapuntos
Pese al hito político y operativo que representa la puesta en marcha de Junín-9D, la estrategia de recuperación energética en Bolivia enfrenta severas limitaciones de escala y de mercado:
- Escala limitada frente al declive estructural: Una adición inicial de 8 MMpcd y reservas por 10 Bcf resultan insuficientes para sustituir el declive natural de los megaproyectos tradicionales como San Alberto o Margarita, requiriendo decenas de pozos de mayor envergadura para alterar la tendencia general.
- Presión fiscal por subsidios y divisas: La volatilidad del mercado internacional de refinados continuará presionando las reservas internacionales del país mientras no se logre aumentar sustancialmente la producción de líquidos asociados para refinación local.
- Necesidad de reformas legislativas: La atracción de grandes multinacionales para proyectos de alto riesgo exploratorio continuará frenada hasta que el Congreso apruebe una nueva Ley de Hidrocarburos que modifique las alícuotas tributarias y ofrezca garantías de repatriación de utilidades.
Adicionalmente, el desarrollo de horizontes profundos en formaciones como Tariquía requerirá la resolución preventiva de controversias socioambientales con comunidades locales para evitar paralizaciones operativas.
La entrada en operación del pozo Junín-9D marca un paso técnico necesario para la reactivación de YPFB Chaco y aporta alivio marginal a la producción nacional de gas. Sin embargo, el indicador crítico para evaluar si Bolivia puede transitar de medidas paliativas a una recuperación estructural será la aprobación de una ley marco de inversiones y la concreción de licitaciones internacionales de mayor escala en los próximos 12 a 18 meses.
