El Gobierno de México ha reconfigurado el marco regulatorio de fiscalización para las inversiones privadas y estatales en la industria energética. El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó este martes la nueva metodología unificada de medición y verificación del contenido nacional en el sector energético, diseñada para incrementar la contratación de bienes, servicios, tecnología y mano de obra bajo el sello "Hecho en México". El instrumento normativo —enviado para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)— introduce un cambio operativo clave al reducir el plazo de verificación de 18 meses a solo 90 días naturales, agilizando en un 80% los trámites de certificación para las empresas operadoras en las industrias de hidrocarburos, electricidad y biocombustibles.

Durante la presentación del mecanismo, Ebrard explicó que la simplificación del trámite y la aplicación de 320 certificaciones sectoriales permitirán elevar la tasa efectiva de contenido nacional desde un 35% actual hasta un 40% en el desarrollo de infraestructura energética. La Secretaría de Economía calcula que esta diferencia de cinco puntos porcentuales se traducirá en compras públicas y contrataciones privadas a la cadena de valor local por un monto estimado de US$ 60.000 millones de dólares durante el ciclo de ejecución de los proyectos previstos. La reglamentación da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 74 de las leyes secundarias del sector energético promulgadas en marzo de 2025.

Concepto integral de contenido nacional, justicia energética y digitalización

El Director General de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético, Alberto Uribe Camacho, detalló los ejes técnicos y los criterios de evaluación que contempla el nuevo reglamento:

  • Sustento en el marco legal energético: La metodología estandariza los criterios previstos en el Artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos, la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Biocombustibles, reemplazando un abanico disperso de regulaciones por un único instructivo por sector.
  • Medición integral de la inversión: La auditoría de contenido nacional no se limitará a la compra de insumos físicos. Evaluará la contratación y capacitación de técnicos mexicanos, la transferencia efectiva de tecnología, la inversión en infraestructura pública comunitaria y la integración de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la cadena de suministro.
  • Criterios de justicia energética e inclusión: La normativa incorpora incentivos y reconocimiento de créditos regulatorios para los proyectos que inviertan en desarrollo ambiental comunitario, igualdad de género, y la contratación prioritaria de jóvenes y grupos vulnerables en las regiones donde operan las instalaciones.
  • Digitalización y certeza a la inversión: La Secretaría de Economía habilitará una plataforma digitalizada para que las empresas nacionales e internacionales puedan ingresar sus auditorías y acreditar el cumplimiento de sus compromisos contractuales en el plazo de 90 días, otorgando certeza jurídica frente a las licitaciones y contratos vigentes con Pemex y CFE.

La reforma a los procesos de contenido nacional encabezada por Marcelo Ebrard busca transformar los requerimientos de la ley energética mexicana en un motor de industrialización local. Al recortar los tiempos de revisión a 90 días y fijar una meta de integración del 40%, el Ejecutivo mexicano intenta asegurar que al menos US$ 60.000 millones de dólares de las inversiones energéticas queden contratados en empresas, fábricas y mano de obra del país.

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