El debate sobre la liberalización y reforma del modelo energético en Costa Rica ha tomado un nuevo giro dentro del Poder Ejecutivo.
Luego de que la Asamblea Legislativa rechazara en segundo debate el proyecto de Armonización del Mercado Eléctrico Nacional —al no alcanzar la mayoría calificada de 38 diputados que exigía su arquitectura institucional—, la presidenta de la República, Laura Fernández, confirmó que el Gobierno ya trabaja en una nueva iniciativa técnica diseñada para requerir únicamente mayoría simple (29 votos) para su aprobación.
Con un bloque oficialista que suma 31 legisladores, la estrategia de Zapote apunta a sortear el bloqueo de la oposición y avanzar en los ajustes normativos necesarios para incrementar la participación del sector privado en la generación y comercialización de energía.
El rediseño conceptual de la ley busca eliminar los aspectos orgánicos que elevaban el umbral de votación —como la eventual creación o modificación de entidades públicas— y centrarse en la flexibilidad operativa que demanda el mercado.
El viceministro de la Presidencia para Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, descartó mantener mesas de negociación con las bancadas de oposición del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), señalando que el Ejecutivo concentrará sus consultas directamente en los requerimientos del sector productivo privado, las cooperativas de electrificación y las empresas de desarrollo rural, con el fin de consolidar una matriz competitiva que reduzca los costos tarifarios en el país.
Estrategia legislativa, posturas de la oposición y modelo de mercado
La reformulación del texto eléctrico reconfigura las fuerzas en el plenario costarricense:
- Suficiencia de votos oficialistas: Al reducir el requerimiento de votación a 29 legisladores, el oficialismo (que cuenta con 31 curules) asegura la viabilidad técnica para aprobar la apertura sin depender de los bloques opositores.
- Ajuste a las demandas del sector privado: La nueva propuesta buscará facilitar la incorporación de generadores privados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), agilizar contratos de compraventa directa de energía y optimizar las condiciones para la inversión en plantas renovables no convencionales.
- Reacción de las bancadas opositoras: Mientras el diputado del PLN, Salvador Padilla, insistió en buscar un "gran acuerdo nacional" integrando iniciativas de su fracción, la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, condicionó cualquier análisis a la preservación del modelo público y propuso priorizar la declaración de la electricidad como derecho humano.
La decisión del Gobierno costarricense de presentar un proyecto de ley eléctrica ajustado a 29 votos le permite esquivar el veto de la mayoría calificada e impulsar la apertura del sector a la inversión privada.
Al enfocar el texto en el sector productivo y las cooperativas, la administración de Laura Fernández busca acelerar la modernización del mercado eléctrico y presionar a la baja las tarifas industriales y residenciales en el país.
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